En un comunicado emitido por Paetac (Asociación vinculada con entidades del transporte de carga) firmado por su presidente Martín Borbea Antelo se expresa que “Las actividades portuarias comprenden aspectos físicos, comerciales y estratégicos que deben ser armonizados en el marco de la libre competencia para lograr una transferencia eficiente de la carga entre los distintos medios de transporte. Esta libre competencia debe realizarse en igualdad de condiciones donde la transparencia es uno de los pilares fundamentales. Hace años las líneas marítimas a través de sus empresas operadoras de los puertos de contenedores han realizado acciones en contra de las empresas de autotransportes de carga mediante prácticas dominantes, como son demoras y excesos de movimientos. Las cuales generan costos extras y pérdidas no solo para las empresas de autotransporte, sino también para los importadores y exportadores que se ven obligados a abonar costos adicionales solo por la mera acción de una mala (o intencional) operación. En el contexto actual a nivel mundial de escases de espacio en los buques, las marítimas condicionan a los importadores y exportadores a contratar sus servicios terrestres para embarcar sus contenedores, en una clara práctica de abuso de posición dominante. Es fundamental evitar el control monopólico de los servicios portuarios, ya sea por compañías navieras, terminales portuarias u operadores privados, a fin de mantener un saludable entorno competitivo, del cual el transporte automotor de cargas es un verdadero ejemplo. Creemos que el multimodalismo es el mejor instrumento para la optimización del transporte internacional, pero el mismo NO debe realizarse mediante acciones monopólicas o de cartelización. Casi la totalidad de las empresas de transporte de cargas por carretera son de capitales naciones. Pymes familiares que reinvierten sus ganancias en la ampliación, modernización y profesionalismo. Razón por la cual solicitamos a las autoridades estatales que tomen intervención en la problemática descripta atendiendo a que las mencionadas prácticas podrían ser calificadas como violatorias de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, la cual prohíbe el abuso de posición dominante. En definitiva, alertamos que estas prácticas no solo incrementan el costo argentino, sino que atentan contra el sostenimiento y ampliación de las fuentes de trabajo, como así también de la inversión en el país”.
